A mediados del siglo XVIII la fase previa a las faenas de construcción, mantención o reparación de infraestructura pública ocupaba la atención permanente del Cabildo de Santiago. La dinámica habitual consistía en levantar los antecedentes para evaluar la factibilidad técnica y económica de una determinada obra, proponer los arbitrios o medios de financiamiento y definir la modalidad de fabricación de la misma, según estaba establecido. A continuación, el Cabildo tomaba acuerdo, lo exponía por escrito y daba poder al procurador general, quien mediaba entre el ayuntamiento, la Junta de Balanza y Real Audiencia para canalizar la demanda (Figura 1).33 Esto implicaba pasar a la etapa de aprobación del financiamiento, antes de iniciarse las obras.

Esta organización para levantar y aprobar los proyectos de construcción prevaleció a lo largo del periodo estudiado y ejemplos de ella abundan en las actas del Cabildo.34 Tal fue el caso de las obras en la calle Santo Domingo y puente cercano, para lo cual se inspeccionó la zona y acordó por los cabildantes reparar, levantando luego el procurador la solicitud a la Junta de Balanza de librar los 600 pesos presupuestados para dicha labor.35 Mientras tanto, los representantes del Cabildo no solo discutían los pormenores de la intervención, sino que también catastraban in situ las necesidades de infraestructura, destacando las actuaciones del procurador y el síndico mayordomo, quien también administraba las cuentas de propios de la ciudad. Por ejemplo, en 1771 el síndico Javier Toro fue comisionado para inventariar reparaciones en el palacio del presidente, que luego se comunicaron al regidor perpetuo. En seguida, este último mandaba al procurador solicitar a la Real Audiencia la aprobación de los gastos asociados con cargo al ramo de propios.36 En relación al nuevo puente del río Maipo en 1748, construido vía subasta, el Cabildo definió los detalles del contrato, estableciéndose que el subastador no solo fabricaría dicha obra, por concesión a 6 años, sino que también la repararía en caso de siniestro durante el periodo de la contrata.37 Dos años después, la construcción de nuevos tajamares siguió el mismo curso de subasta, apreciándose también las funciones municipales, relativas a determinar el lugar donde debían emplazarse las fortificaciones fluviales.38 Por tanto, hasta esa época era claro el activo rol capitular en el levantamiento de las necesidades de infraestructura, el cual se extendía a la discusión sobre el proceso mismo de construcción. En contraste al papel del Supremo Gobierno y la Real Audiencia, que solo se limitaba a aprobar o no los planes de construcción elevados por el Cabildo. Así se aprecia en la planificación del puente de Cal y Canto en 1769, cuando el ayuntamiento suplicaba al gobernador Juan de Balmaseda e ingeniero José Antonio Birt el apoyo técnico para proyectar la obra.39 De hecho, era en el plano financiero donde más participaba la autoridad real en esta fase, mediante el papel de los oidores en la Junta de Balanza, no sin disputas con el Cabildo. En particular, las pugnas se daban por el uso de los propios de Santiago, cuya defensa capitular a favor de las necesidades de la comunidad a fines de la década de 1740 nos muestra cómo el gobierno,40 más que levantar propuestas, se enfocaba a aprobarlas para liberar los fondos respectivos.

El rol del Supremo Gobierno en esta materia cambiaría, siguiendo la «nueva forma de gobernar» borbónica heredada del utilitarismo del siglo XVII. Como punto de partida, se eliminó la Junta de Balanza en 1767, centralizándose en el gobernador la aprobación de los gastos en construcción.41 Dos décadas después, con la creación de las Intendencias se depositaría dicha responsabilidad en manos del superintendente subdelegado de Real Hacienda.42 Vale decir, las ordenanzas formalizaron la capacidad ejecutiva del Supremo Gobierno para adelantar la construcción pública por medio de dos vías de acción. Primero, al concentrar en el Intendente la policía de los pueblos, lo que permitió entroncar a ociosos y malentretenidos «á las obras publicas ó reales por el tiempo que arbitraren». Segundo, estableciendo que ningún edificio público se construyese sin tener a la vista los planos respectivos en la Junta Superior de Real Hacienda, los que además debían inspeccionarse por arquitectos para «la mayor firmeza y duración de la obra, como á la hermosura, buena distribución y demás partes que recomienda la facultad».43 Desde entonces, se aprecia un cambio en la actitud del Supremo Gobierno para levantar necesidades de infraestructura, tal como se constata en los mandatos de Álvarez de Acevedo (1787-1788), O´Higgins (1788-1796), Marqués de Avilés (1796-1799) y Muñoz de Guzmán (1802-1808):

La implementación de las Intendencias en Chile, por tanto, puso en el centro de las preocupaciones de los gobernadores tres elementos claves para adelantar la construcción: i) velar por el buen manejo de los fiscos real y municipal; ii) consolidar la industriosidad popular corrigiendo a la población flotante y; iii) asegurar la racional edificación de obras públicas. Como nunca antes,49 floreció el papel rector del gobierno en el levantamiento de necesidades de infraestructura, procurando una mayor racionalidad en el uso de los fondos públicos, a la vez que impulsando una demanda de empleo para absorber mano de obra. Sin embargo, esta nueva competencia gubernamental no implicó la marginación del Cabildo en estas materias.50 Más bien se reordenaron funciones, ya que el ayuntamiento si bien se mantuvo activo en las tareas preliminares a las faenas, en adelante lo haría bajo un control y seguimiento más estrecho del superintendente, acortándose los tiempos de respuesta de los personeros capitulares.

El levantamiento de necesidades incluía una fase fundamental para el buen gobierno de las obras públicas: la elaboración de los estudios preliminares. Durante el proceso de discusión municipal sobre la fábrica de una determinada infraestructura era indispensable contar con dos estudios, de tipo: i) técnico, relativo a las materias propias de la construcción (emplazamiento, dimensiones, materialidad, etc.) y; ii) presupuestario, que establecía el costo de la obra. Conocidos ambos informes, se decidía cómo ejecutar la faena entre las modalidades constructivas habituales disponibles.

Respecto a la confección de estos estudios, Chile carecía de la presencia regular de ingenieros y arquitectos afines a estas labores, siendo ocasional la estadía en Santiago de estos profesionales, ya sea por tránsito a la frontera sur o Valparaíso, debido a sus ocupaciones en fortificaciones militares. Tampoco el país contaba con instituciones de formación de ingenieros o arquitectos,51 puesto que la enseñanza de la geometría, aritmética y dibujo no se practicó sino hasta la fundación de la Academia de San Luis en 1797.52 A mediados del siglo XVIII, el responsable de dichos estudios en Santiago era el alarife, cuya función central desde la fundación de dicha ciudad era la agrimensura y administración de acequias. Sin embargo, a raíz de la tradición peninsular heredada, el alarife también se ocupaba de los estudios técnicos para fabricar obras, en tanto poseía conocimientos sobre materiales, costos y métodos de edificación. Ser alarife, por tanto, representaba un cargo de alta dignidad al que aspiraban maestros artesanos y desde el cual se adquiría un papel destacado en la toma de decisiones sobre la construcción de infraestructura. Las actas revelan al grupo de alarifes de Santiago durante el periodo en revisión (Cuadro 2).

Por ejemplo, sabemos que el alarife Nicolás Basauri dedicó parte de sus labores a la confección de estudios de infraestructura. De oficio carpintero, su trabajo comprendió además la confección del presupuesto para reparar acequias (1744-1745), el empedrado de calles y puentes de la ciudad (1745), la refacción del palacio de presidente (1749) y la tasación de obras de la capilla San Lázaro (1751).54 Mientras ejercía como alarife Basauri continúo escalando tanto en la jerarquía artesanal como militar, pues en 1753 se identificó como Maestro Mayor de Carpintería y a partir de 1755 en calidad de Alférez Maestro.55 El alarife sucesor de Basauri, Jorge Lanz, escultor neerlandés (Leyden), se encargó de reconocer los terrenos para proyectar el canal del río Maipo (1758), inspeccionar reparaciones de acequias (1759) y confeccionar el informe técnico-presupuestario de los puentes de la capital (1760).56 A falta de arquitectos e ingenieros, el alarife era clave en la proyección de obras públicas de toda envergadura, elaborando presupuestos, tasando costos y reconociendo en terreno las necesidades infraestructurales y de emplazamientos de ellas, posicionándose así como un funcionario reconocido en la sociedad colonial.

Sin embargo, el tránsito de ingenieros militares enviados por la corona a la frontera sur y puertos de Chile desde la década de 1760, debido a la amenaza bélica imperante en los ámbitos interno y externo, provocaría el desplazamiento gradual del alarife de estas funciones. Así ocurrió con la llegada a Santiago en 1764 de Juan Garland y José Antonio Birt, a quienes se les encargó, tras desborde del río Mapocho en 1763, la confección de los informes técnicos para establecer la ubicación y el diseño estructural del puente y los tajamares respectivos, mientras que el alarife Marcelino de la Peña solo se ocupó de la proyección de obras menores en dicha fortificación fluvial.57

La incidencia profesional en esta fase previa a las faenas de construcción se reforzó con la llegada a Santiago en 1780 del arquitecto toscano Joaquín Toesca de Ricci, cuya labor fue preponderante en la transformación urbanística capitalina,58 desplazando definitivamente al alarife de las labores de proyección de obras públicas. Ya en 1783, a propósito de la nueva acrecida del río Mapocho, proponía Toesca al Cabildo las características físicas de las nuevas fortificaciones fluviales, además del presupuesto e incluso el modo de financiarlas.59 Cuatro años después, junto al ingeniero Pedro Rico, estudió en terreno el emplazamiento de los tajamares definitivos, sin la presencia del alarife, aunque sí con la participación del maestro mayor de albañilería, Manuel Ramos.60 Esta sinfonía profesional continuó con Toesca y el ingeniero Agustín Caballero, quienes en 1796 estudiaron el terreno donde se construiría el futuro canal San Carlos o del río Maipo.61 Sin embargo, tras muerte del arquitecto, fue Caballero quien culminó los planos del proyecto en 1800. En reemplazo de Toesca, y dado que Caballero partió a Panamá en 1802, el chileno Juan José Goicolea, agrimensor general del Obispado de Santiago desde 1799, se encargó de planificar la construcción de nuevos edificios para la Real Audiencia y el Tribunal del Consulado, además de dirigir las obras de armonización de la Plaza de Armas y confeccionar otro estudio sobre el emplazamiento del canal de Maipo, entre otras labores.62 Como resultado de la presencia regular de ingenieros militares y arquitectos desde el último tercio del siglo XVIII, los alarifes perdieron su antiguo rol en la proyección de obras públicas, limitándose a estudios de infraestructuras menores como empedrados, acequias y cloacas.63 Aunque la activa labor ingenieril no estuvo exenta de obstáculos, debido a la resistencia metropolitana de desviar recursos militares para uso civil, sobre todo bajo el clima bélico reinante. De hecho, en 1803 se dictó ordenanza real que prohibió la ocupación ingenieril en obras civiles,64 intentando así frenar una época dorada de estos especialistas no solo en Chile, sino que en toda la América española.65

Dispuestos los estudios preliminares, correspondía decidir qué tipo de administración adoptar para construir las obras planificadas. En términos jurídicos, prevalecían tres modalidades: construcción directa, obra vendida a suma alzada y remate o subasta.66 La primera, consistía en que el Cabildo construía la infraestructura, para lo cual se designaba a uno de sus representantes como mayordomo o diputado de obra, quien la administraba, velando por comprar materiales, reclutar la mano de obra y cuidar los fondos cedidos para financiarla. Mientras que, la venta a suma alzada recaía en un actor privado, quien se adjudicaba la ejecución de la obra por un precio establecido y pagado por el Cabildo. Finalmente, en remate o subasta también se entregaba la fábrica a un particular, pero incluía el pregón previo de las condiciones que debía cumplir y, sobre todo, un contrato con condiciones para ambas partes al hacerse efectiva la transacción.67 La administración directa y el remate fueron las modalidades de construcción más habituales en el Santiago de la segunda mitad del siglo XVIII (Cuadro 1). En la primera, la supervigilancia de las faenas recaía generalmente en el corregidor. No obstante, desde 1770 el Supremo Gobierno comenzó a influir directamente en la supervisión de esta modalidad, tal como se revisa en el apartado final. Respecto a la edificación por remate, cuyo arreglo y cuidado correspondía a la Real Junta de Remates, la obra se concesionaba a favor del subastador por un plazo específico en el cual se debía construir e incluso reconstruir en caso de catástrofe.68 Grandes infraestructuras como el puente del río Maipo (1747), los tajamares del Mapocho (1748) y el canal del río Maipo (1758) fueron concesionadas en remate. Sin embargo, desde 1764 esta predilección dio un giro, ya que los futuros tajamares, puente de Cal y Canto, Real Casa de Moneda y casa del Cabildo se fabricaron por administración, limitando al remate la fábrica de obras menos complejas como la alameda de la Cañada (1781), los enlozados (1793) y puentes menores de la capital (1797).69 Las causas de este revés se encuentran en los problemas asociados a la subasta. Uno de ellos, era la alta tasación de la obra que resultaba del estudio presupuestario, lo cual obligaba a la subasta por falta de grandes capitales para construir de manera directa. Así lo manifestó uno de los corregidores del Cabildo en 1747, quien puso en tela de juicio el remate al advertir que el presupuesto presentado para construir los tajamares del río Mapocho no era tal, luego de compararlo con el menor costo de otros puentes de la ciudad fabricados por administración.70 Este reclamo muestra los conflictos de interés propios de estos contratos entre el mundo privado y público, a raíz del aumento artificial de los costos para obligar el remate de la obra, beneficiándose el bolsillo de los subastadores, a costa de los fiscos regio y municipal. Las diferencias presupuestarias podían ser extraordinarias, tal como lo denunció el corregidor Zañartu, quien a la cabeza de las faenas de tajamares en 1768 reveló su bajo costo unitario por cuadra, cuyo valor ascendió a $2.400, mientras que:

De cualquier modo, el mayor problema de la subasta consistía en el incumplimiento contractual. Fue el caso, por ejemplo, del subastador por la reparación de puentes y pila de agua de la plaza capitalina, Ignacio de Moreno, quien en 1764 se negó a cumplir con el contrato establecido, obligando al Cabildo a asumir el compromiso y los costos.72 Sin embargo, la falta más emblemática de esta índole por el tamaño de la inversión se originó en otro intento por canalizar el río Maipo, cuya obra acumulaba una demora centenaria.73 En 1772, dicha obra fue adjudicada por Matías Ugareta, quien tras nueve años y cancelada la mayor parte del convenio suspendió las faenas sin alcanzar el caudal estipulado, lo que generó que el Cabildo acudiera al Supremo Gobierno para su resolución.74 Hacia 1782 el ayuntamiento demostraba que las pérdidas por contratos de subastas no terminados ascendían a más de 100.000 pesos, incluido el pago a Ugareta.75 Como corolario, esta modalidad cayó en un fuerte desprestigio, tal como expresó en 1791 Manuel de Salas, en calidad de superintendente de los tajamares del río Mapocho:

A mediados del siglo XVIII, el financiamiento de la construcción de obras públicas en Santiago provenía principalmente de dos fondos fiscales. Por un lado, de propios y arbitrios concedidos por el rey al Cabildo de Santiago y, por otro, del ramo ajeno de balanza, administrado por la Real Hacienda, cuyo fin central era cubrir las necesidades de infraestructura de la capital. Hacia el término de la centuria, la mayor demanda por obras públicas obligó a complementar dichos fondos con la imposición de nuevos ramos temporales fiscalizados por el aparato hacendario chileno. Tal fue el caso de los impuestos de tajamares, composición de caminos y canal del Maipo para costear las nuevas obras de fortificación fluvial, el camino Santiago-Valparaíso y el cauce artificial que cruzaba la cuenca santiaguina, respectivamente.77 Una excepción a esta regla de financiamiento fue la inversión destinada a la fábrica de la nueva Casa de Moneda, cuyo desembolso durante los años que duró dicha obra (1783-1805) corrió a cuenta de ese mismo ramo.78

Pese a la existencia de fuentes tributarias que garantizaban, en el papel, la captación de recursos para construir infraestructura, fueron habituales las quejas del Cabildo por la falta efectiva de ellos, señalándose problemas de recaudación, contabilidad y destino de los mismos. Respecto al primero, el bajo recaudo de la balanza, originado en la falta de fiscalización de los volúmenes exportados desde Valparaíso, constituía una preocupación permanente para los capitulares. En enero de 1747, por ejemplo, el alcalde de vecinos, Pedro Lecaros, destacaba la decadencia de este ramo debido a «que en los arqueos de las naves para el cómputo de su carga y satisfacción de este derecho se procedía con menos conformidad a la regulación de sus buques».79 El reclamo apuntaba a la decadencia del impuesto no por falta de comercio exterior, sino por el ardid de los maestres de navíos, quienes cargaban en exceso los buques para la carrera Valparaíso-El Callao, escondiendo mercancías y dificultando el cobro por peso (en quintales), lo que inducía el arqueo de los fiscalizadores que subestimaba la carga real.80 Esta evasión llegó a tales proporciones que el Cabildo solicitó en 1771 al Supremo Gobierno impedir la salida de Valparaíso de barcos que no informaran la carga efectiva.81 En cuanto al seguimiento y control de los recursos fiscales, a mediados de siglo tampoco existía una contabilidad formal que diera cuenta financiera de los ramos de balanza y propios de la ciudad. Así se evidencia en otra petición del Cabildo a la Real Hacienda, esta vez sobre un informe de entradas y salidas de valores de la balanza para el periodo 1718-1748 que incluso motivó el nombramiento de un contador ordinario.82 De ese modo, se aprecia no solo el desconocimiento municipal de un elemento esencial para el gobierno de la actividad constructiva, sino que también la falta de una estructura formal para hacer periódicamente dichas tareas administrativas. En este sentido, el Cabildo no contaba con una contabilidad para la gestión de los propios, razón por la cual en 1758 el regidor decano, Juan Francisco Larraín, propuso llevar un libro afín, denunciando que «las cuentas de los propios y rentas de esta ciudad hasta aquí solo se han sujetado a la buena fe de los síndicos mayordomos». Esta iniciativa se complementó en 1767 con un segundo libro para registrar el tributo de balanza, a raíz de las naves que comerciaban con Chile, incluyendo sus cargas y pagos respectivos, el cual se encargó al corregidor y se llevaría paralelamente a la contabilidad que hacían los oficiales de Real Hacienda.83 Finalmente, el desvío de los caudales públicos también fue materia de conflicto y una traba habitual a superar para asegurar la oportuna liquidez financiera y el correcto desempeño de los procesos constructivos a emprenderse o en curso. En el caso de la balanza, si bien desde el principio fue concedida para la inversión en infraestructura de la provincia santiaguina, con el tiempo cubrió nuevas obligaciones, entre ellas, sueldos de la Universidad de San Felipe, mantención de la Casa de Recogidas y Real Cárcel, limpieza de acequias,84 arriendos de inmuebles e incluso bienvenidas a las altas autoridades que llegaban al país.85 Igualmente, los propios pagaban sueldos, gastos menores de variada índole y recepciones, lo que producía problemas de liquidez y endeudamiento con otros ramos, cuyos montos superaron los 35.000 pesos en 1759 y 4.000 pesos en 1761.86 La situación llegó a tal punto a mediados de siglo que por Real Cédula se prohibió usar los fondos de la balanza en reparaciones y/o bienvenidas de presidentes,87 medida que también tuvo eco años después en el ámbito municipal, cuando la Real Audiencia negó el aumento de sueldo al alcaide de la cárcel con cargo a propios por el sobrecargado gasto de ese ramo en salarios.88

En adelante, se sumaron nuevos esfuerzos para mejorar la administración de los ramos destinados al financiamiento de la construcción. Como primer hito, por Real Cédula de 11 de julio de 1767, se eliminó la Junta de Balanza, reservándose la decisión sobre el destino de esos fondos al gobernador, quien asumiría la superintendencia del ramo.89 Evidentemente, este reordenamiento erosionó las potestades del Cabildo y la Real Audiencia, constituyendo un paso decisivo para mejorar el gobierno de la construcción mediante una conducción más ejecutiva. En este sentido, el foco también se puso en la información financiera capitular, insistiéndose por parte de la Contaduría Mayor en 1775 con la solicitud al Cabildo de llevar cuentas de propios, a raíz del alegato que manifestó el fiscal municipal por el atraso de sus honorarios.90 Posteriormente, tras mandato de la Real Audiencia en 1784 para aumentar las entradas municipales y financiar las casas del ayuntamiento y la Real Cárcel, se acordó elaborar un «reglamento económico de solo lo muy preciso e indispensable», encargado al corregidor Melchor de la Jaraquemada.91 Debido a tal solicitud, contamos con el único presupuesto de propios registrado en las actas a mediados de siglo, donde se esclareció que los excedentes municipales ascendían a 607 pesos y dos reales, una cifra exigua para emprender las obras anunciadas. Como consecuencia, Jaraquemada propuso medidas simples para recaudar anualmente cerca de 2.900 pesos adicionales con arreglo a los propios de la ciudad. Tal ganancia provendría de reducir salarios, gastos corrientes y cargas extraordinarias, relativas estas últimas a recibimientos de altos funcionarios y fiestas públicas, a la vez que de aumentar los valores de remate de las posesiones del Cabildo.92 En adición, se sumaron nuevos impuestos sobre actividades recreativas de consumo general para engrosar los propios, creándose durante la primera mitad de la década de 1780 los ramos de lotería, cancha de bolas y casa de gallos.93 En otro frente, desde 1784 se insistió en la mejora del ramo de balanza, cuya recaudación en Santiago pasó de alrededor de 162.000 pesos en la década previa a más de 230.000 pesos al iniciarse el siglo XIX, aunque también incidió en ese resultado el dinámico comercio exterior.94 Los intentos por adelantar la inyección de recursos para construir infraestructura no se detuvieron hasta finalizar el periodo colonial. Así se evidencia en nueva solicitud del Cabildo en 1796 que buscó aclarar las cuentas de balanza al Supremo Gobierno y de propios al síndico para planear la construcción de los tajamares y el canal del Maipo95. O alternativamente, cuando el gobernador Muñoz de Guzmán insistió en 1807 al secretario de Estado, José Antonio Caballero, sobre establecer una contabilidad de propios en las ciudades y villas de Chile para la conveniencia del país.96

A partir del hondo proceso reformista de alcance imperial del último tercio de la centuria, se modificó a escala local la supervigilancia y el control presupuestario del gasto público destinado a la construcción de obras públicas. Respecto a lo primero, hemos mencionado que el habitual responsable a mediados de siglo de una determinada edificación, bajo administración directa, era el corregidor, quien por comisión del Cabildo asumía la superintendencia de las faenas. Para auxiliar las funciones administrativas de ese personero, se acudía a la labor del mayordomo, quien se encargaba de contabilizar el flujo de capitales invertidos, comprar e inventariar los materiales e insumos y reclutar y remunerar a trabajadores y jornaleros, entre otras tareas. En la década de 1740 asumió la superintendencia de obras del canal de Maipo y la Universidad de San Felipe el corregidor Juan Francisco Larraín, secundado como mayordomo por Juan López. Si bien sus labores fueron diligentes, en 1744 ambos responsables enfrentaron las quejas del Cabildo por la gran desprolijidad en la rendición de cuentas hecha por López, lo que motivó la solicitud de asistencia del ayuntamiento al contador real para ajustarla.97 En las décadas siguientes de 1760 y 1770 fue emblemática la figura del corregidor Luis Manuel de Zañartu, quien se encargó de los tajamares y el puente de Cal y Canto, entre otras múltiples facetas como cabildante de Santiago. Sin embargo, con la creación de las Intendencias este esquema de supervisión cambiaría, reemplazándose al corregidor por un superintendente, sobrecargo, director o comisionado elegido por la autoridad suprema fiscal,98 quien sería remunerado como parte de la dotación fija de la obra, a diferencia de antaño en que no había sueldo asignado para esa labor. Tal transición se observa en la construcción de las nuevas casas del Cabildo y la Real Cárcel a inicios de la década de 1780, cuyo superintendente inicial fue el corregidor Melchor de Jaraquemada,99 aunque más tarde figuraría como encargado el sobrecargo Francisco Palacios. En paralelo, a la cabeza de la fábrica de la nueva Casa de Moneda desde 1784 se asignó por decreto del presidente al arquitecto Toesca como director de obra, apoyado por el mayordomo Agustín Arguelles, con salarios anuales de 1.200 y 500 pesos, respectivamente. Mientras que, en 1791 el presidente, en calidad de superintendente de Real Hacienda, nombró a Manuel de Salas como superintendente de obra de los tajamares con un sueldo de 700 pesos anuales y de la fábrica de baños públicos en 1803.100 En adición, como sobrecargo y mayordomo de obras públicas y empedrado de calles de la capital desde 1795 a 1798 se designó a Manuel del Fierro.101 Por su parte, la supervisión de la construcción del nuevo camino entre Santiago y Valparaíso recayó en el comisionado Melchor de la Jara, tesorero del ramo Composición de caminos que comenzó a recaudarse para ese fin en 1791. En los años siguientes, esa comisión pasaría por varias manos, todas auxiliadas por mayordomos para las tareas administrativas.102

En cuanto al control presupuestario de los gastos en las obras, a un año de creada la Contaduría Mayor, el primer contador propietario, Silvestre García, solicitó al Cabildo sanear las cuentas de propios,103 cuyo seguimiento se hacía por simple rendición de comprobantes de pago al consejo municipal.104 Con motivo de la visita general a Chile, esta preocupación continuaría, lo que dio origen a un nuevo método de seguimiento de los gastos en obras de gran envergadura. En particular, se obligó a los administradores a rendir cuentas mediante la confección de un informe nombrado «Ordenación de cuenta». A diferencia de las rendiciones pasadas, esta obligación comprendía, en primera instancia, la demostración detallada de ingresos y gastos de valores y especies empleadas en la obra durante un año calendario. Como resultado, se explicitaba el saldo final (a favor o en contra de la obra) y exponían las demostraciones de la resulta. Tras revisar la Ordenación el contador mayor comunicaba en anexo la aprobación o no de la cuenta, siendo en este último caso necesario las aclaraciones del responsable de la obra. La Ordenación más antigua encontrada correspondió a la fábrica de los tajamares del río Mapocho para el año 1768, firmada en 7 de mayo de 1777 por el corregidor Zañartu, cuyo contenido fue reconocido y aprobado el día 26 del mismo mes por el contador mayor Juan Tomás de Echeverz.105 Si bien, a principios de la década de 1780 el Cabildo elevó consulta a la Real Audiencia sobre la obligatoriedad de acatar ese nuevo «formato de contaduría»,106 tanto las actas capitulares como los archivos de Contaduría revelan que este nuevo método terminó imponiéndose. Años después, el contenido de las rendiciones incluso mejoró, en cuanto al desglose de ingresos y gastos.107 Así se constata en la Ordenación del puente de Cal y Canto, firmada en 1788 por Francisco Palacio (albacea de Zañartu), que comprendió el periodo 1772-1782.108 La primera parte, similar a la Ordenación primitiva, incluyó el detalle de ingresos y gastos de los valores empleados en las faenas y un resumen de los mismos. La segunda, en contraste, reveló el desglose pormenorizado de los inventarios de la obra y, sobre todo, el detalle de gastos por partidas de materiales e insumos, salarios, provisiones de mano de obra, herramientas, transportes contratados, mantención de animales y alquileres de almacenes. Al final del informe, se anexaron los comprobantes de cada gasto efectuado, debidamente firmados por quienes recibieron dineros de parte del mayordomo a cargo de la contabilidad. Esta verdadera auditoría a la gestión financiera de los gastos en faenas de construcción continuaba con el examen meticuloso de la Ordenación por la Contaduría Mayor, que originaba el posterior «Juicio de la Cuenta de Gastos». Este último documento incluía las observaciones al finiquito presentado, que debían ser justificadas o resueltas por el firmante para el fenecimiento definitivo de la cuenta. A raíz de este nuevo método de rendición, los cabildantes desarrollaron una visión crítica de los síndicos mayordomos, a quienes en retrospectiva se les acusó de haber afectado los fondos públicos y, por ende, el progreso de la actividad, reconociéndose que «el principio que embaraza dichas recaudaciones es el del [sic] dilatado espacio de más de treinta y tantos años que han corrido por manos de diferentes síndicos sin haberse esclarecido los adeudos por medio de competentes finiquitos».109

En síntesis, aunque revisado a grandes rasgos, este conjunto de reformas demuestra los diversos esfuerzos por racionalizar el manejo de los fondos fiscales que emprendieron autoridades reales y representantes del Cabildo motivados por un objetivo común: la construcción sólida, duradera y oportuna de obras públicas en el Santiago tardío colonial.