Este estudio busca explorar una vía de análisis en aras de explicar las causas que llevaron al desmoronamiento del régimen batistiano y al triunfo de la coalición de fuerzas lideradas por el Movimiento 26 de Julio (M-26-7) el 1 de enero de 1959. Para ello, pretendemos proyectar la mirada sobre dos aspectos que, a nuestro juicio, discurren paralelos en dicho proceso histórico. De un lado, la estrategia político-militar de las fuerzas rebeldes insurgentes durante el año 1958 —que fue producto directo de las experiencias acumuladas durante el año anterior— y, de otro, la reacción de las élites sociales —«las clases económicas», como aparecen nombrados estos sectores en las fuentes cubanas—, cuya retirada del apoyo al régimen batistiano fue decisiva para su caída. El examen de estas dos cuestiones nos permitirá poder confirmar la hipótesis principal sobre la cual queremos articular la discusión: la guerrilla fidelista habría contado con una infraestructura mucho más sólida que lo que tradicionalmente se ha argüido y, por tanto, los factores de tipo económico deberían reconsiderarse en el análisis de la dinámica de la contienda política cubana de los años cincuenta.

A la hora de explicar un proceso histórico de tanta amplitud y complejidad, se parte de la necesidad de asumir la multicausalidad siendo capaces de articular —sin reduccionismos— factores como la estructura social, la economía, la cultura política o la agencia de los sujetos históricos. La óptica del enfoque estructuralista inaugurada por Theda Skocpol permite introducir la variable de la quiebra de la cohesión entre las élites económicas en el colapso del Estado prerrevolucionario.2 Nos referimos al proceso que los sociólogos históricos han identificado como «deserción de las élites», con base en los casos de estudio de la Revolución nicaragüense (1979) y la Revolución Amarilla de Filipinas (1983-1986).3 Para el caso cubano, Alfred L. Padula fue el primero en plantear en su tesis doctoral —The Fall of the Bourgeoise: Cuba, 1959-1961 (1974)— que la élite empresarial mantuvo una doble cara de lealtad pública hacia Batista mientras apoyaban subrepticiamente a los rebeldes con importantes contribuciones económicas. Las razones estribaban, en algunos casos, en la enemistad con el dictador, pues sus negocios se veían perjudicados por la desmedida corrupción; en otros, lo hicieron por razones idealistas, despreciaban la brutalidad del régimen y querían restaurar el orden constitucional.4 Por su parte, el historiador argentino Marcos Winocur sostuvo la tesis de que, a partir de 1955, la burguesía azucarera cubana lejos de enfrentarse a Castro, le quitó apoyos a Bastista. Este había establecido una política de restricción de la producción azucarera —al adherirse al Convenio de Londres de 1953—, en un contexto internacional profundamente incierto, marcado por la amenaza en el horizonte de la posible reducción de la cuota azucarera cubana en el mercado norteamericano, debido a presiones políticas internas de los productores sureños.5

El corpus de fuentes documentales que nos han permitido validar las hipótesis planteadas procede, en su mayoría, de distintos archivos e instituciones cubanas como la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado (OAHCE), el Instituto de Historia de Cuba (IHC), el Archivo Nacional de Cuba o la Biblioteca Nacional José Martí. En primer lugar, destacamos por su singularidad los documentos internos dimanados de la jefatura guerrillera de Raúl Castro en el Segundo Frente Oriental «Frank País» (correspondencia, informes de recaudación de impuestos, etc.), que alberga la Oficina de Asuntos Históricos, organismo estatal cubano adscrito a la Secretaría de la Presidencia desde 1964, donde están depositados unos setenta mil documentos originales «de la lucha revolucionaria cubana».6 El carácter restringido de este tipo de fuentes se pone de manifiesto de forma fehaciente al constatar la exigua nómina de investigadores que han podido tener acceso a las mismas.7 Seguidamente, en el IHC hemos accedido a correspondencia, partes de operaciones, informes clasificados o memorandos generados por el Estado Mayor del Ejército de la República de Cuba y por la oficina presidencial de Fulgencio Batista (1952-1958). Por último, el elenco documental ha sido enriquecido con fuentes tanto de la diplomacia española en Cuba, alojadas en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (Madrid), como del Foreign Office, consultadas en The National Archives de Kew (Londres).

El 20 de febrero de 1957, Fidel Castro, que llevaba ya ochenta días combatiendo en la Sierra Maestra, hizo público un «Llamamiento al pueblo de Cuba» en el que exhortaba a la «intensificación en los incendios de los campos de caña azucarera para privar a la tiranía de los ingresos con los que paga a los soldados a los que envía a la muerte, y compra los aviones y las bombas con los que asesina a docenas de familias en la Sierra Maestra».8 Los rebeldes cubanos apelaron a la «tea redentora» como forma de lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, tal y como habían preconizado los insurrectos mambises contra el dominio colonial español durante las dos guerras de independencia del siglo XIX. En otoño de 1957 el M-26-7 lanzó su plan de sabotaje masivo para destruir la zafra azucarera bajo la consigna «Zafra sin Batista o Batista sin zafra», como primer paso para desvertebrar económicamente al régimen.9 Cuba dependía del azúcar para sus ingresos provenientes de las exportaciones, por lo que su economía era extremadamente vulnerable.10 Julián Alienes y Urosa, uno de los principales economistas del Banco Nacional de Cuba durante la década de los cincuenta, planteó que la principal variable en la dinámica de la economía y en el ingreso nacional era la producción para la exportación.11 La caña ocupaba más del 50 % de los terrenos habilitados para cultivos y el sector azucarero representaba la mitad del total de la producción agrícola, así como un tercio de la industrial. El azúcar daba empleo al 23 % de la fuerza de trabajo y generaba el 28 % del Producto Nacional Bruto.12

La insurrección logró paralizar el sistema productivo de las regiones orientales de la isla y atacar el corazón institucional de la política hacia finales de ese año, como afirma Vanni Pettinà.13 Sin embargo, la campaña lanzada para destruir los cañaverales y desestabilizar la economía del país no dio los frutos esperados. Aunque a principios de febrero de 1958 continuaban las acciones de sabotaje —como manifestaba el embajador español, Juan Pablo de Lojendio—, «la campaña de quema de caña de azúcar había sido un completo fracaso». Según las fuentes de la diplomacia española «solamente cincuenta o setenta mil toneladas de caña habían sido destruidas y los rebeldes hubieran tenido que quemar un millón de toneladas para que su acción hubiese tenido efecto apreciable en la economía cubana».14 Por su parte, los informes que manejaba el Foreign Office corroboraban este hecho. El gerente general del Banco de Nueva Escocia, que había realizado un viaje por la provincia de Oriente, afirmaba: «aunque había habido algunos incendios espectaculares, la proporción de caña quemada no había sido importante y la mayoría de los intentos habían sido frustrados»; en todo caso, Cuba «disponía de tantos excedentes de caña que tendrían que ser destruidas enormes cantidades para imposibilitar que cumpliese con su meta de producción».15 Los déficits en la producción de algunos centrales se compensaron con el aumento en otros, pues la mayoría mantenía importantes reservas de caña. En 1958 la mayoría de los centrales azucareros estaban moliendo cantidades de caña que aseguraban la zafra. En ese año se produjeron 5,74 millones de toneladas de azúcar, frente a las 4,8 de 1957 y las 4,59 de 1955.16

A nivel cualitativo, Gladys García Pérez plantea que los daños originados por la quema de caña fueron mayores que los reconocidos por la dictadura, pues obligaron a tomar medidas drásticas.17 Como evidencian los testimonios de políticos y altos mandos militares que colaboraron con Batista, este fue renuente a enviar más soldados para enfrentar a la guerrilla debido a que entre el 30 y el 60 % de los efectivos del Ejército estaban vigilando las fincas, los ingenios azucareros, los arrozales o en «comisiones de servicio especiales».18 Con todo, la estrategia general de guerra económica se frustró de acuerdo a los objetivos maximalistas inicialmente concebidos por los rebeldes. El balance de esa experiencia llevó a la jefatura de la guerrilla a replantear su estrategia insurreccional. Tan pronto como los recursos disponibles lo permitiesen, los rebeldes debían bajar al llano, estrangular las comunicaciones y controlar el territorio.19

El conflicto civil desencadenado en el Oriente de Cuba creó nuevas tensiones entre el gobierno y los grandes intereses azucareros nacionales. A mediados de septiembre de 1957, Ruby Hart Phillips, la corresponsal de The New York Times en La Habana, había informado de que los representantes de la industria y el comercio que habían apoyado «de todo corazón a Batista desde que asumió el poder», se estaban impacientando por la continua violencia en la isla. En 1958 esa impaciencia se habría tornado en exasperación.20 Bajo esas circunstancias, aumentaron las conspiraciones militares y ganó algunos adeptos un plan alternativo para establecer una junta militar que desalojara a Batista del gobierno.21 En su informe anual el embajador británico A. S. Fordham señalaba que «las contramedidas frecuentemente salvajes que llevaron a cabo las autoridades» fueron en algunos aspectos más onerosos que los intentos de los «terroristas» para sabotear la economía del país.22 La desatada corrupción, así como los esfuerzos del dictador por acaparar vastos sectores de la economía nacional generaron resentimiento entre importantes actores económicos. Tampoco la política económica de gasto compensatorio impulsada fundamentalmente en La Habana, con la construcción de obras públicas, logró ensanchar por arriba los apoyos de Batista. José «Pepín» Bosch Lamarque, propietario de la empresa Bacardí, fue probablemente el mayor contribuyente financiero a la causa rebelde.23

Por otro lado, el enfrentamiento de la insurrección por parte de las fuerzas militares en la provincia de Las Villas, donde operaban las guerrillas del Directorio Revolucionario 13 de Marzo desde febrero de 1958, generó no pocos perjuicios en la economía. En un telegrama fechado el 16 de mayo, Luis Bienes Jiménez, alcalde de Sancti Spíritus, se dirigió a Batista comunicándole que era «su obligación» poner en conocimiento las «desfavorables consecuencias» que podían conllevar «determinadas medidas que seguramente se han visto precisas tomar por las autoridades militares con motivo de la existencia de un grupo rebelde en nuestra zona montañosa» de la Sierra del Escambray. El alcalde, que se refería al cierre general del término municipal y de sus comunicaciones, se preguntaba si no debían modificarse dichas disposiciones para garantizar la producción de materia prima destinada a las industrias de leche de las plantas de Nestlé y Nela, además de los productos de primera necesidad que abastecían a los mercados municipales.24 En esas mismas fechas, Justo Echevarry, presidente ejecutivo de la Asamblea Provincial de ganaderos de Las Villas, solicitó al Estado Mayor del Ejército que se les permitiese sacar la producción de leche enclavada en las zonas de operaciones militares de la provincia para el consumo del público y el suministro de las fábricas.25

Los efectos económicos de la contienda civil cubana afectaron más a unos sectores que a otros. En la región oriental de Cuba los propietarios ganaderos fueron los más perjudicados por las depredaciones de la guerrilla que debía vivir sobre el terreno. Durante los meses previos a la ofensiva del verano lanzada por el ejército de Batista para acabar con la guerrilla en la Sierra Maestra, se estima que entre 10.000 y 25.000 cabezas de ganado fueron capturadas y llevadas sierra arriba para asegurar la alimentación de los rebeldes y de la población campesina que les brindaba apoyo.26 A modo de ejemplo, Arthur L. Rankin, vicepresidente de la compañía ganadera Lykes Bros ^{. Inc}., denunció que a primeros de mayo de 1958 un grupo de cincuenta rebeldes invadió su finca de la Candelaria (Bayamo), que se extendía hasta los 15.000 acres de tierra (62 km²) y contaba con 8.000 reses.27 «Después de detener a nuestro capataz Armando Bueno y a los empleados, así como de interceptar la línea telefónica con objeto de evitar las comunicaciones […] hubieron de llevarse unas 600 cabezas de ganado más treinta y dos caballos y yeguas de monta, así como once monturas». En total, el valor de lo sustraído ascendía a 83.000 pesos (1 peso equivalía a un dólar americano).28

A principios del mes de marzo de 1958, el recién ascendido a Comandante Raúl Castro, al mando de la «Columna n.º 6. Frank País», abrió un segundo frente guerrillero en el nordeste de la provincia de Oriente, en las estribaciones de la Sierra de Cristal.29 En uno de sus primeros informes, apenas un mes después de dicha apertura del frente, argumentó a su hermano Fidel en favor de la necesidad de constituir una sólida infraestructura que sirviese de retaguardia operacional a las columnas rebeldes, pues como afirmó, «viviendo como nómadas no progresaremos nunca».30 A los cuatro meses de la invasión, siete grandes municipios habían quedado en manos rebeldes (Baracoa, Moa, Imías, San Antonio del Sur, Yateras, Sagua de Tánamo, Songo, San Luis, Mayarí). Y, hacia el final de la guerra, en el área controlada por los rebeldes se había constituido una estructura paraestatal que se extendía hasta las puertas de Santiago de Cuba y Holguín y alcanzaba entre 12.000 y 15.000 kilómetros cuadrados.31

Durante los meses estivales, aprovechando la paralización de los combates en el Segundo Frente al concentrarse el esfuerzo militar de Batista en la ofensiva sobre la Sierra Maestra, Raúl Castro implementó el proceso de organización del aparato administrativo rebelde. En una carta fechada el 10 de julio de 1958 informaba a Haydée Santamaría, delegada del M-26-7 en Estados Unidos, de que estaban llevando a cabo un estudio para:

Los rebeldes habían establecido ya las primeras disposiciones fiscales, creando asimismo una incipiente estructura de intendencia para asegurarse el abastecimiento y la gestión de los recursos económicos. Al frente de la «Tesorería» rebelde del Segundo Frente, que luego adoptó el nombre de «Departamento de Finanzas», se encontraba el capitán Lucas Morán Arce, quien sería sustituido en octubre de 1958 por Jorge Gómez y cuya dirección acabó asumiendo hasta el final de la guerra el capitán René León Fourquemin. Sin embargo, correspondió a Morán el establecimiento de un canon que debían satisfacer los cafetaleros consistentes en el pago de cincuenta centavos por cada saco de café de 250 libras que salía de la zona rebelde.33

El 14 de julio de 1958, Raúl Castro dictó la «Orden Militar 39» que establecía la obligatoriedad del pago de un impuesto en efectivo o especie del 10 % sobre el valor del total de «la producción agrícola, forestal, ganadera y minera del Territorio Libre de Cuba» ocupado por el Segundo Frente Oriental. Como preámbulo, la ley aludía a la necesidad de establecer «ingresos regulares, permanentes y equitativos» con los cuales sufragar los gastos de obras, servicios públicos y mantenimiento del ejército revolucionario, que hasta entonces habían sido cubiertos por aportaciones voluntarias. En su justificación se apelaba al sostenimiento de los profesionales médicos, dentistas o personal educativo y a la salubridad pública «para atender a miles de familias campesinas necesitadas», que habían sido sistemáticamente «olvidadas por los sucesivos gobiernos de la nación».34

Debido a las apremiantes necesidades y a los mayores problemas logísticos que entrañaba llegar a la Comandancia General del Ejército Rebelde de La Plata, situada en la Sierra Maestra, el 19 de agosto de 1958 se había hecho extensiva la carta credencial de la «Orden Militar número 39/58» a todos los territorios ocupados por la guerrilla.35 El impuesto sobre la explotación de caña de azúcar ascendía a quince centavos de peso por cada saco de 250 libras elaborado, que se cubría a razón de cinco centavos por saco a los colonos y 10 centavos por saco a los centrales.36 El 30 de agosto Raúl Castro dirigió varias misivas a los presidentes de los centrales azucareros situados bajo su control.37 En ellas se explicaba que las contribuciones debían ser entregadas antes del próximo 1 de octubre, ya que se tenía orden de liquidar en la tesorería de la Comandancia General de la Sierra Maestra antes del día 15 del mismo mes.38 El 22 de septiembre de 1958 la Comandancia Central ya había recaudado 169.401 pesos, a los que esperaba sumar otros 398.769,30, que conformaban un total de 568.170,30 pesos (Cuadro 1).39

Una visión pormenorizada de estos datos nos permite plantear una serie de reflexiones que contribuyen a apuntalar la tesis que formulábamos al comienzo de este texto. En primer lugar, cabe indicar que no parece insólito que los centrales que se negaron a pagar el impuesto revolucionario fuesen dos de los mayores de Cuba, el Boston y el Preston, propiedad de la flamante United Fruit Company (véase Cuadro 2), ya que contaban con mayor protección por parte del ejército; no en vano, el Preston disponía hasta de su propio aeropuerto habilitado para el servicio comercial nacional.40

Sin embargo, si procedemos a rastrear los propietarios de los centrales que accedieron a pagar a la guerrilla y trazamos una prosopografía, encontramos algunos de los rostros más importantes del gran capital cubano, lo que sin duda resulta a priori más sorprendente. El «rey del azúcar de Cuba», también conocido como «el Napoleón de los negocios», Julio Lobo Olavarría, cuyos activos se cifraban en cien millones de pesos, estaba considerado el magnate poseedor de la principal fortuna individual del país. Se trataba de la personalidad más destacada de la burguesía cubana, el principal empresario y corredor azucarero del mundo, el más importante hacendado con dieciséis centrales bajo su control, además de ser poseedor de dos refinerías, un banco, una naviera, una aerolínea, entre otros negocios. Seguidamente, encontramos al clan Bacardí, al que pertenecía Margarita Bosch Lamarque, la hermana de José María, el presidente de la Compañía Ron Bacardí S. A., que se situaba igualmente —según Jiménez Soler— en el primer nivel de propietarios de Cuba. También destacaba Carlos Núñez Pérez, el empresario que levantó la mayor fortuna de entre los que surgieron en el segundo tercio del siglo XX en la Gran Antilla, presidente y único propietario del Banco Núñez, cuarto banco comercial y nacional de Cuba por sus depósitos de más de noventa y siete millones de pesos. Por último, el propietario principal de los centrales Borjita y Baltony, Baldomero Casas Fernández, que era dirigente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba (ANHC) al triunfo de la Revolución; y Francisco de Pando y Armand, quien había sido vicepresidente primero de esta asociación entre 1951 y 1956 —además de haberla presidido en dos ocasiones durante los años cuarenta—, y poseía cuatro centrales.41 Por consiguiente, podría llegar a afirmarse que, a todas luces, algunas de las familias del gran capital cubano, ya fuera por mero pragmatismo en aras de la defensa de sus intereses individuales, acuerdo tácito o incluso por simpatía42, estaban financiando al Ejército Rebelde a través de impuestos revolucionarios. Más, en todo caso, puede constatarse sin atisbo de duda la quiebra de la cohesión de las élites económicas con el régimen de Fulgencio Batista.

Fidel Castro dictó la orden por la cual autorizaba a Pastora Núñez González a crear una comisión «con el objeto de visitar a todos los propietarios de ingenios azucareros de la Provincia de Oriente» para informarles del establecimiento de la contribución.43 Para coordinar dicha comisión, Pastora se reunió con la dirección provincial del M-26-7 en Santiago de Cuba. En la casa de «Heredia y Clarín se realizaron las copias de la orden de Fidel» para hacerlas llegar a las cuarenta centrales orientales. Y, con objeto de calcular el impuesto que le correspondía a cada uno se utilizaron las estadísticas oficiales de la producción de azúcar el Instituto Cubano de Estabilización Azucarera que había conseguido la red clandestina del movimiento. El 13 de septiembre el comandante del «Tercer Frente», Juan Almeida Bosque, nombró a Pastora Núñez «Jefa General de la Zona» y expidió un pase especial para que pudiera transitar libremente por todo el territorio rebelde bajo su mando. La United Fruit Company, la Guantánamo Sugar Company y la West Indies se negaron a pagar el impuesto apelando a una nota del departamento de Estado de los Estados Unidos que desaprobaba toda contribución forzosa o voluntaria, ya fuera de ciudadanos o de firmas norteamericanas, a cualquier facción o partido político en Cuba. Ante su negativa, los rebeldes les remitieron un mensaje en el que les conminaban a pagar antes de setenta y dos horas bajo amenaza de quemarles el central. Manolo Arca, el dueño del central Estrada Palma, llamó por teléfono desde Miami expresando su renuencia a pagar un centavo, pues «su central lo cuidaba el Ejército de la República». Pastora Núñez afirmó que fue maltratada de palabra por «su representante, quien tuvo las peores expresiones para los rebeldes». Sin embargo —en palabras de la comisionada rebelde—, «cuando le dije que no les quedaría una caña en pie y que les destruiríamos la arrocera, enseguida accedieron a pagar». También las compañías norteamericanas acabaron pagando, realizando la mayor parte de los depósitos a «Yeyé» —Haydeé Santamaría— en los Estados Unidos.44

A primeros de octubre de 1958, Pastora Núñez ya había cumplido «esta difícil misión», tal y como le narró al periodista José Pardo Llada cuando se encontraron en Santiago de Cuba. En tres de los centrales había «salvado la vida milagrosamente, pues la estaban esperando los tigres de Masferrer». En el reportaje que fue publicado por la revista Bohemia, Pardo Llada relató que el día 4 de octubre salieron de la ciudad tomando la ruta por la carretera de Manzanillo hasta llegar a la Comandancia de la Sierra Maestra. Una vez dejadas atrás las carreteras y postas del ejército, ya en las estribaciones del macizo montañoso, tuvieron que vadear varios ríos, por lo que Pastora, que «llevaba en la faja 50.000 $ en billetes de cien para Fidel Castro», debió tener extremo cuidado para evitar mojarse.45

A finales del verano la estructura político-administrativa del «Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy» del Comandante Juan Almeida Bosque, que abarcaba un área comprendida entre Bayamo y Santiago de Cuba, también se robustecía con la creación de los «departamentos de café, cacao y ganado», bajo la dirección de Parmenio García Beltrán y Diego Estrada Cordero. Este último se ocupó de la oficina principal de recaudaciones que estaba situada en San Lorenzo. Los cosecheros de café pagaban así un impuesto de un peso por cada quintal (100 libras) de café con cáscara; a los ganaderos se les cobraba dos pesos por cada cabeza de ganado sacrificada; y, por último, los productores de maíz y boniato debían satisfacer el pago de veinticinco centavos por quintal.46

Es muy difícil llegar a calcular de forma exhaustiva a cuanto ascendió el cómputo total de los impuestos recaudados por la guerrilla, dado que los materiales de los que disponemos son fragmentarios y el acceso a este tipo de fuentes constituye una tarea ímproba. Alfred L. Padula llega a afirmar, aunque sin aportar pruebas documentales que lo respalden, que la contribución de la burguesía cubana a la causa rebelde fue de entre 5 y 10 millones de pesos.47 Estas cifras, quizás podrían estar algo sobredimensionadas, sin embargo, la información disponible parece apuntalar la idea de que los recursos con que contaron los rebeldes no fueron nada desdeñables,48 habida cuenta de que incluso les permitieron tener una importante base de poder autónoma una vez cayó el régimen de Batista. Tras el triunfo revolucionario, las columnas guerrilleras fueron mantenidas en Santiago de Cuba hasta que se reorganizó el Ejército Rebelde con el dinero que había quedado en la caja. Cuando la «Columna n.º 6 Frank País» llegó a la Sierra de Cristal tenía en su tesorería 4.494 pesos y, hacia el mes de abril de 1958, había incurrido en un gasto de 4.068 pesos, quedando tan solo 25,92 pesos en su haber, tal y como se evidencia en un memorándum. Hacia finales de año las recaudaciones del Segundo Frente eran tan prósperas que el presupuesto diario del «Estado rebelde modelo» alcanzó cifras mayores a 5.000 pesos diarios, sin incluir las cantidades de efectivo que eran enviadas a la Sierra Maestra para comprar equipos y armas, los remanentes que se destinaban a La Habana y a Santiago de Cuba para gastos del M-26-7, ni tampoco los tributos que eran pagados por empresas que tenían sus oficinas en Nueva York y eran recaudados directamente en el exilio.49 Tampoco debe soslayarse que desde mayo a diciembre de 1958 se efectuaron diecisiete vueltos entre el Segundo Frente y Miami, al menos nueve de ellos cargados con valiosos equipos, armas y municiones.50 Pastora Núñez González, la encargada de rendir cuentas de la colecta impositiva, explicó que, en octubre se había obtenido la importante suma «de más de cuatro millones de pesos de recaudación». Pocos meses después, informó a la Comandancia de que «solamente en la provincia de Camagüey se pudo recaudar un millón de pesos cobrando un 10 % de la producción de la zafra en los centrales».51 El economista cubano Rufo López Fresquet, que sería ministro de Hacienda en el primer gobierno revolucionario, entre enero de 1959 y marzo de 1960, afirma que se encargó de recaudar en otoño de 1958 un millón de dólares en impuestos de guerra sobre el azúcar, el café y otros productos, con la ayuda de Julio Duarte, secretario del Colegio de Abogados de La Habana y dirigente de la Resistencia Cívica.52

A finales de agosto de 1958 salieron de la Sierra Maestra dos columnas invasoras mandadas por el Che Guevara y por Camilo Cienfuegos que tenían la misión de extender la guerra de guerrillas a la parte central y occidental del país. Las fuerzas insurrectas proclamaban que, a pesar de que no operaban «con la intensidad [con] que lo hacen en las Provincias Orientales, Camagüey y las Villas», el referido «impuesto revolucionario» era extensivo «a todos los ingenios azucareros de la República».53 A partir del mes de octubre habían logrado cerrar el tráfico por carretera y ferrocarril, perjudicando con ello gravemente a los ganaderos camagüeyanos dedicados al abastecimiento de carne a la capital, razón por la cual una comitiva de la Asociación Nacional de Ganaderos de Cuba liderada por su presidente, Armando Caíñas Milanés, se reunió con Fidel Castro para parlamentar. Al igual que los azucareros, los grandes empresarios ganaderos «no desdeñaron ningún camino, siempre que este les asegurara su porvenir». En ese momento vislumbraron un resultado positivo, pues les fue rebajado el impuesto a razón de un peso para la provincia de Oriente y dos para Las Villas y Camagüey, con la promesa de que en enero se restablecería el tráfico.54 En un «recibo provisional», emitido en el «Departamento de Camagüey» con el número 964, Pastora Núñez certificaba que un propietario de una finca ganadera de ocho caballerías (una caballería equivale a 13,5 hectáreas) había contribuido con la cantidad de ochenta dólares, a razón de diez dólares por caballería de tierra, según la escala establecida como pago del impuesto sobre el ganado dispuesto en la Orden Militar. Esta contribución garantizaba «la protección al ganado a la propiedad de la referida finca por las fuerzas Rebeldes en Operaciones».55

La guerrilla, aunque acosada periódicamente por la aviación, ampliaba sus bases y campaba a sus anchas por buena parte del territorio central y oriental de la isla, frente a un ejército regular que rehusaba el combate, abandonaba sus puestos avanzados y se concentraba en los cuarteles y cabeceras de los regimientos.56 La descomposición interna de un ejército, muy minado por las purgas de los militares antibatistianos —a consecuencia de la «conspiración de los puros» de 1956, o del motín naval de Cienfuegos, en septiembre de 1957—, se acentuó tras su derrota en la llamada «Ofensiva FF», en el verano de 1958.57 Sin embargo, la desmoralización entre la alta oficialidad había comenzado en abril, cuando Estados Unidos suspendió la ayuda militar que le brindaba al gobierno cubano en virtud del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947.58 Y, en los meses finales de 1958, las deserciones se convirtieron en una epidemia entre la tropa regular socavando su cohesión y capacidad combativa. Al respecto, el embajador español Lojendio escribió: «el Ejército cubano es todo él mercenario y se atribuye a los soldados la frase de que no están dispuestos a morir por ochenta pesos».59 En un parte fechado en noviembre de 1958, el general Eulogio Cantillo, el cual estaba al mando del 1.er Distrito Militar correspondiente a la provincia de Oriente, mencionaba que a los nuevos reclutas alistados se les había «enseñado a tirar en cinco días» y «con ellos se reforzaron todos los puestos limítrofes».60 Barquín estima que, en dicho mes, alrededor de 10.000 reclutas del Ejército (el 25 % de los efectivos totales) habían pasado solo dos meses de instrucción.61

En los dos meses finales del conflicto el Che Guevara recibió en concepto de «impuestos anticipados» de los hacendados, colonos y ganaderos de Las Villas unos 700.000 dólares, que se encargó de recaudar el capitán Antonio Núñez Jiménez, después de que el presidente de la Asociación de Hacendados pactase con Fidel Castro en Guisa (Oriente), en noviembre de 1958.62 El 1 de noviembre, el Sr. Lima, administrador del central Escambray —uno de las dieciséis centrales que poseía el magnate del azúcar Julio Lobo—,63 informó al coronel e inspector del Tercer Distrito militar de Santa Clara, C. F. Hernández, de los siguientes hechos. Al parecer, bajo autorización del teniente Pérez Valencia, salió a recorrer las líneas del central hasta las estribaciones de Meyer y Sopimpa, cuando fue detenido por «un grupo de forajidos» —que confundió con militares según expresó en su declaración—. Fue entonces conducido a un caserío donde le presentaron a un individuo que decía ser el capitán Messana. Tras interrogarlo, lo retuvieron a la espera de la llegada de un comandante, «que estaba durmiendo». Allí pudo observar «un gran número de facinerosos, varios de ellos descalzos y con ropas en mal estado». El capitán rebelde lo invitó a dar una vuelta, «dando tiempo a que se levantara el expresado comandante». Le dijo que tenían 330 hombres y le mostró las distintas armas que poseía la columna: «dos bazucas, tres ametralladoras con bípode y otras mayores, otros buenos armamentos, así como varias escopetas, además observó que también traen buen botiquín con instrumentos de cirugía y un equipo dental», del que se ocupaba personalmente «el tal Che Guevara»:64

El 7 de diciembre de 1958, Camilo Cienfuegos, el otro jefe de la columna guerrillera invasora en Las Villas, se reunió con Belisario Rodríguez Iglesias, administrador del central Adela, para discutir el «impuesto de guerra». También aclararon que debían respetarse los derechos y demandas de los obreros azucareros y de los colonos. El Comandante rebelde le dio de plazo hasta el 20 de diciembre para el primer pago. Su subalterno, el capitán William Gálvez, escribió: «el impuesto tenía que recibirlo el que brindase protección en esa zona, por tanto, solo nosotros debíamos cobrarlo, pues en nuestras manos estaba la garantía de la seguridad territorial».66

Hugh Thomas y buena parte de la historiografía plantearon que no se dieron grandes combates y que los rebeldes no consiguieron tomar ciudades de más de 10.000 habitantes hasta diciembre de 1958.67 Quedaría por tanto en entredicho el citado argumento del control territorial de la guerrilla. Sin embargo, el éxito insurgente no residía en apoderarse de las grandes urbes, sino en su sólida retaguardia y en el control del hinterland que existía entre esos núcleos de población, los centrales azucareros y los puertos marítimos (véase Mapa 1). Santiago de Cuba estuvo prácticamente sitiada durante el otoño de 1958. Una misiva anónima dirigida directamente a Batista solicitaba una actuación más enérgica por parte del ejército para contener a los rebeldes: «la provincia de Oriente está en plena ruina y estará más y llegará hasta Pinar del Río»; además, se preguntaba, «quien gobierna en Oriente, quien da pase de tránsito… los rebeldes».68 También la diplomacia británica se apercibió de esta realidad. Los rebeldes «parecían estar empleando una mejor estrategia: en lugar de realizar incursiones y secuestros bastante inútiles, se concentraban en cortar las comunicaciones y, por tanto, estrangular gradualmente la economía del país». Para octubre habían ganado «el control de prácticamente todo el Oriente, excepto las ciudades principales y, de igual modo, habían extendido sus operaciones al resto de las provincias, incluso a menor escala, hasta Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla».69

El resquebrajamiento de la coalición que sostenía el régimen de Batista se empezó a manifestar de forma flagrante desde el otoño de 1958. A finales de octubre la principal firma del transporte aéreo en Cuba, Cubana Aviación, suspendió su actividad en los aeródromos de la costa norte de Oriente. El Jefe del Ejército, el General Rodríguez Ávila, remitió airado una carta al presidente de la compañía, el empresario batistiano José López Vilaboy,70 en la que le recriminaba haber suspendido el servicio «a pesar de los esfuerzos que hacía el ejército para garantizar las operaciones». Al rehusar responder a la carta, Rodríguez Ávila le mandó una copia al mismo Batista, agregándole que parecía que López Vilaboy «era enemigo del gobierno» y «se negaba a ayudar al Ejército». Ante tales acusaciones, el Presidente decidió citarlo en palacio donde fue recibido por este, junto al Jefe del Ejército y al Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Francisco Tabernilla Dolz. Cuando Batista le preguntó por qué no había contestado a la misiva, Vilaboy afirmó:

Niel Hone, el vice-cónsul británico de Santiago de Cuba, afirmaba que corrían rumores de que avión Vickers Viscount procedente de Miami, que había sido secuestrado por un comando rebelde, fue derribado por una cañonera de la marina cubana cuando sobrevolaba una zona prohibida. También se especulaba con la idea de que se había estrellado al verse forzado a aterrizar de noche en una pista sin iluminación y demasiado corta. En el mismo iban a bordo siete pasajeros estadounidenses. Las autoridades americanas habían enviado buzos de la base naval de Guantánamo para esclarecer las causas de la catástrofe. Se trataba del tercer avión que Cubana Aviación había perdido.72

El 21 de noviembre de 1958, varios despachos recibidos en la oficina del Estado Mayor del Ejército pusieron de manifiesto la paralización de la actividad económica de la compañía Bacardí, propietaria de una destilería de ron y de la fábrica de cerveza Hatuey, debido a las acciones de la guerrilla. El General Eulogio Cantillo señalaba que, para evitar la paralización de sus fábricas en Oriente, la compañía traía en barco botellas vacías desde La Habana, pero «es imposible que empiecen los convoyes de carretera», pues «los chóferes con miedo no se atreven a salir salvo obligados y fuertemente escoltados con tanques».73 Ante la imposibilidad de distribuir sus existencias, también las plantas de Coca-Cola y Canada Dry Ginger Ale habían suspendido sus operaciones. Tanto Guantánamo como Santiago de Cuba eran ciudades sitiadas, no había tráfico ferroviario ni por carretera. Las empresas se negaban a llevar sus transportes más allá de la ciudad de Camagüey por el miedo a que fueran incautados por las fuerzas rebeldes.74

El Embajador español en La Habana constató que se había producido «un cambio en la táctica revolucionaria con respecto el año anterior» que estaba motivado «por la esperanza de que al conseguir rápido el triunfo sea la revolución la que se aproveche de los beneficios de la zafra».75 Las alocuciones de Radio Rebelde respondían a la pregunta que «afloraba en los labios no solo de todos los cubanos, sino en el de los círculos comerciales y financieros mundiales»: si la zafra podría llevarse a cabo en medio de «la guerra civil que asolaba al país»,76 con las comunicaciones cortadas, la isla fraccionada en territorios y la actividad bélica in crescendo:77

El 26 de julio y «su avanzada de hierro», el Ejército Rebelde, se comprometían a hacer todo lo posible para que no se hundiera la industria fundamental del país. En las zonas azucareras de Oriente tenían ya veinticinco centrales bajo su control. En Camagüey y Las Villas «no atentarían contra la zafra mediante el procedimiento otras veces usado de la quema de cañas», pues esas cañas «son del pueblo liberado y por liberar y para el mismo tienen que producir su bienestar económico», pues contaban con que «hacendados y colonos colaborarán con la insurrección aportando el producto del impuesto de guerra como una contribución generosa a la patria y al pueblo». De forma paralela, los medios propagandísticos rebeldes desmentían «la falsa información difundida por una agencia noticiosa del extranjero» sobre la Ley Agraria acerca de que después del triunfo no se permitiría la propiedad «de fincas de mayores de treinta caballerías». La Revolución no haría sino institucionalizar las disposiciones agrarias recogidas en la Constitución de 1940, «aumentando el bienestar campesino y la salud económica y social de la República».79

Marcos Winocur ha demostrado cómo la política desfavorable de Batista en relación con los productores azucareros de la isla —con el «rey de azúcar», Julio Lobo, a la cabeza— empujó a estos a aliarse con la insurgencia castrista, como se rubricó en el Pacto de Caracas en julio de 1958, que fue sancionado por Carlos Prío Socarrás, presidente depuesto en 1952.80 En las semanas finales de 1958, coincidiendo con la intensificación de la guerra y el repliegue programático del Movimiento 26 de Julio, la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba le pidió a Batista que renunciase. La diatriba se expresaba en los siguientes términos: «Señores, la revolución es un hecho. No debemos permanecer alejados de quienes están llamados a escalar el poder».81 El propio Fulgencio Batista, ya en el exilio, se quejó amargamente de la retirada del apoyo de los hacendados en su obra Respuesta (1960), todo un pliego de descargos y cruce de acusaciones. Allí afirmó que «elementos representativos de la economía y del comercio», desesperados ante la incapacidad de su gobierno de cosechar éxitos militares, y temerosos de que las comunicaciones destruidas no pudieran restablecerse a tiempo para comenzar la zafra, llevaron a cabo «reuniones, solicitudes indirectas para que se buscaran rápidas soluciones políticas o insinuaciones que equivalían a desear que el gobierno les dejara la vía expedita a los insurreccionales».82

El periodista español Enrique Meneses, uno de los testigos privilegiados de la Sierra Maestra y de los primeros momentos de la Revolución, relató que, en aquellos días de euforia, cuando Fidel Castro recogió los laureles del triunfo al frente de la llamada «caravana de la libertad», dándose un baño de masas desde Santiago de Cuba a La Habana, la carretera de Matanzas estaba tan atestada de vehículos y gentíos que, el indiscutido líder de la Revolución tuvo que tomar un helicóptero para poder llegar al almuerzo que la familia Bacardí le ofreció en su fábrica de cerveza Hatuey, situada en el habanero barrio de El Cotorro.83 Sin duda, al igual que las multitudes, esta familia representante del gran capital cubano quería conocer al nuevo «mesías» llamado a redimir la patria cubana tras la ignominiosa dictadura.84

La consolidación de los focos guerrilleros supuso una situación de abierto desafío al poder estatal batistiano que autores como Charles Tilly han denominado «soberanía múltiple».85 La insurgencia, por sí sola, difícilmente hubiera logrado socavar las estructuras estatales, por muy débiles que estas fueran,86 si no hubiera discurrido paralelamente un conflicto civil enraizado en causas políticas, sociales y económicas. Finalmente, la movilización social contra la dictadura acabó siendo tanto interclasista como intergeneracional.87 Y, la crisis de autoridad del Estado fue manifiesta, lo que explica la planificada, aunque rocambolesca, huida del dictador la madrugada del 1 de enero de 1959, tras la fiesta del año nuevo.88 A todas luces, es claro que la complejidad de la insurrección no puede quedar reducida a su dimensión pública y propagandística, o a la construcción de la autoridad carismática de Fidel —aunque se trate de factores de importancia consustanciales al proceso—,89 tampoco al voluntarismo revolucionario o a cualidades excepcionales de una vanguardia armada, como ha venido proclamando con vehemencia la historiografía oficial cubana. Y es que, como señalábamos al comienzo, ninguno de estos factores puede tomarse de forma unívoca, sino que deben ser yuxtapuestos en el análisis.

Los elementos que hemos querido subrayar para estimular el debate conciernen, por un lado, a la reconsideración de la infraestructura con que contó la guerrilla fidelista; y, en segundo término, al decisivo papel de las élites sociales que, a nuestro juicio, acabó por decantar la balanza entre los contendientes. En este sentido, se confirma tanto la tesis de que la estatalización del poder constituye un paso necesario para que todo movimiento insurgente sea exitoso, como de que la «deserción de las élites» de un determinado régimen político resulta una precondición, si no suficiente, al menos necesaria, para su desmoronamiento.90 Con todo, el presente análisis no implica plantear que los distintos agentes poseen una extraordinaria capacidad para recopilar todas las informaciones pertinentes y, a partir de ahí, deciden con base en un «cálculo racional» infalible.91 En todo caso, cabe subrayar las lógicas que impulsaron a los distintos actores. La burguesía azucarera cubana apostó y acabó perdiendo la partida y, paradójicamente, la tempestad que ayudó a desatar en el Caribe acabó por arrollarla.

Sin embargo, y en última instancia, en ningún caso los desarrollos que acontecieron fueron inexorables, pues en el escenario cubano había muchas vías abiertas. No cabe construir una teleología retrospectiva, ya que, como todo proceso histórico, la dinámica de la contienda política cubana fue contingente. De igual modo, lo fueron las erráticas disposiciones tomadas por Washington y la Embajada americana en La Habana,92 o la misma decisión de Batista de rechazar la ayuda militar que le ofrecía el dictador dominicano Leónidas Trujillo: el desembarco de tropas frescas y pertrechadas en la isla para enfrentar a la guerrilla.93 Ni el mismo Che Guevara albergaba esperanzas de tomar Santa Clara en pocos días, sino que pensaba en seguir durante meses con la táctica del muerde y huye, como demuestra Paco Ignacio Taibo II.94 Pero el tiempo histórico se aceleró. Un nuevo escenario se abrió con la entrada triunfal de los barbudos en La Habana el 8 de enero de 1959.