La hacienda del rey y el desempeño de los agentes encargados del manejo de los caudales que debían nutrirla constituyen, desde diversas ópticas, los ejes vertebradores de este dosier. Sobre un arco cronológico que transita entre los siglos XVI y XVIII, pero con una mayor profusión de estudios centrados en la centuria barroca, la hacienda se erige en eje nodal de unas aportaciones que muestran las distintas aristas de los avatares que experimentó el principal nervio de la monarquía en tiempos de permanente déficit, por mor de una devastadora política imperial siempre ávida de recursos.
Los trabajos reunidos dibujan, de una u otra manera, un complejo panorama de la hacienda regia, aunque grosso modo, desde dos perspectivas: desde la central, a donde debían llegar los ingresos recaudados por vías ordinarias y extraordinarias, y desde las profundas grietas que hacían desangrarse las arcas reales. Dos faces de una misma realidad que se reproducían en los diferentes espacios del imperio, en la Corte en donde se percibían los caudales recaudados, en Sevilla y Cádiz, a donde llegaban las remesas de Indias, y en los territorios americanos en los que los actores sociales designados por el monarca para su gobierno y administración fueron, desde la cúspide de los virreyes hasta los alcaldes mayores que gobernaban pequeñas jurisdicciones, un manantial de continuo drenaje de recursos del rey hacia sus intereses —léase, bolsillos— privados.
De tal guisa, fiscalidad, fraude y corrupción, constituyen los ejes articuladores de este monográfico que trata de arrojar luz sobre el nebuloso mundo de la hacienda del rey, en donde la captación de ingresos siempre tuvo su contrapartida en la existencia de numerosas fisuras —que en muchos casos adquirieron el carácter de simas— que hacían que los recursos ni siquiera arribaran a las arcas de destino. Puede señalarse, a modo de ejemplo, el caso de las ventas de oficios de gobierno político de Indias, que reportaban ingresos inmediatos en las tesorerías de la Corte, pero que luego tenían su contrapartida en las prácticas ilícitas de quienes los adquirían al lucrarse para amortizar sus inversiones y obtener pingües rentabilidades durante sus quinquenios de mandato. Permitiendo el contrabando, como lo hicieron muchos de los mercaderes que compraron corregimientos en el virreinato del Perú, se dañaban seriamente los intereses de la hacienda del rey. Del mismo modo, composiciones, cédulas de manifestaciones e indultos, venían a ser caras de una misma moneda, una forma de obtener parte de lo defraudado por comerciantes. E igualmente las incautaciones de remesas de plata de particulares que, solventaban, al menos de forma parcial, las sempiternas urgencias de la monarquía se convertían de hecho en préstamos forzosos que debían pagarse mediante juros que incrementaban la deuda consolidada de la corona.
Los escenarios de análisis de los trabajos reunidos en este dosier se sitúan a los dos lados del Atlántico, pues mientras las contribuciones de Alberto Marcos y Alfonso Heredia, ambas relacionadas con la Carrera de Indias, se centran en el retorno de metales preciosos de América y la financiación tanto de la propia monarquía como de la avería que sostenía la formación de armadas y flotas, las aportaciones de María Álvarez, Atzin Bahena y Julia García-Aránzazu se ubican en el espacio americano. Un virrey, el conde de la Monclova, y su consorte Antonia Ximénez de Urrea, las dinámicas de corrupción de un alcalde mayor en Nueva España, y el fraude de los oficiales de las cajas reales en distritos mineros de Nueva Granada, son los tres ámbitos en los que lo ilícito se observa desde diferentes prismas. A caballo entre la Corte y América se sitúa la aportación de Francisco Andújar, para explicar cómo las necesidades financieras de la monarquía hicieron posible que los principales corregimientos del virreinato del Perú acabaran en manos de comerciantes, ora por obtención directa en Madrid, ora en el mercado secundario de reventa de cargos.
Y como denominador común de los estudios reunidos en este dosier ha de situarse el uso múltiple de fuentes documentales, tanto las estatales conservadas en los grandes depósitos españoles como las que se guardan en tierras americanas. No habría sido posible analizar, desde la sola mirada de los fondos del Archivo General de Indias, los sobornos, «derramas» y ocultamientos de los alcaldes mayores de Chiapa, ni las corruptelas de los oficiales de las cajas reales de Antioquia y Popayán, ni las del virrey conde de la Monclova y su esposa, ni las de quienes fungieron como corregidores en el virreinato del Perú. Por su parte, como es obvio, los trabajos dedicados a lo que podríamos denominar como de «recepción de la plata» en España focalizan su investigación en los fondos simanquinos y sevillanos.
Así, desde la atalaya de Simancas, el primero de los artículos del dosier, de la autoría de Alberto Marcos Martín, es una contribución al estudio de las consecuencias negativas que, tanto para la Carrera de Indias, como para la propia monarquía, tuvieron las incautaciones de plata que venía de las Indias para particulares practicadas por la corona que, durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, se convirtieron en préstamos forzosos que proporcionaron una financiación extraordinaria a una monarquía ávida de recursos. Marcos Martín muestra cómo estos secuestros de plata, además de suponer una financiación más barata para la Real Hacienda que la que podía conseguir mediante los asientos, fueron reembolsados a los particulares en juros que corrían a un interés inferior al estipulado en los préstamos a corto plazo suscritos con los banqueros en las mismas fechas. Aunque esto pudiera suponer una ventaja a corto plazo para la hacienda regia, esta forma de financiación extraordinaria en el medio y largo plazo tuvo consecuencias negativas. Así, el autor destaca, en primer lugar, los conocidos daños que las incautaciones de plata provocaron en los mercaderes de la Carrera, que amén de ver sus caudales sometidos a las vicisitudes propias de la deuda pública consolidada, se encontraban con la privación de unos capitales necesarios para seguir con sus negocios; y, en segundo lugar, los numerosos daños ocasionados a la Real Hacienda, siendo el más evidente el aumento del envío de remesas de plata sin registrar para escapar a los secuestros del argentífero metal.
Asimismo, Alberto Marcos reflexiona sobre las similitudes existentes entre las incautaciones de metales preciosos de particulares y los sobreseimientos de pagos a los asentistas contemplados en las suspensiones de consignaciones decretadas por la monarquía en ambas centurias. Las dos prácticas, destinadas a la absorción de recursos privados, partieron de disposiciones unilaterales, cuando no violentas, de la corona hacia los particulares, provocaron alteraciones en la disposición de crédito y en la propia contratación en amplios sectores de la actividad económica, y tanto una como otra tuvieron como devolución principal de las deudas contraídas la consolidación de juros, que aumentaron considerablemente su circulación, contribuyendo a incrementar el empeño de las rentas reales sobre las que estaban situados, menoscabando los ingresos líquidos de la corona, forzando a la monarquía a seguir acudiendo al crédito y a una creciente presión fiscal ordinaria y extraordinaria con una notable incidencia sobre la marcha de las actividades económicas.
Al otro lado del Atlántico, el menoscabo de la hacienda regia tenía múltiples caras, siendo una de más reconocibles los abusos perpetrados por quienes fungían como corregidores en Perú o alcaldes mayores en Nueva España. Así, la consolidación de la autoridad real tras la instauración de la alcaldía mayor de Chiapa en 1577 y el cobro de medidas fiscales por parte de la corona en dicho territorio es el marco de análisis del artículo de Martha Atzin Baena. La autora indaga sobre las prácticas ilícitas —sobornos, ocultaciones de tributarios o derramas— que tuvieron como objetivo controlar los recursos que producían y gestionaban en primería instancia los pueblos de indios en la demarcación territorial de Chiapa durante el siglo XVI y principios del siglo XVII. En dichas prácticas, en las que se perciben los conflictos por el control de los recursos locales, se vieron envueltas tanto autoridades civiles y religiosas españolas como indígenas que tenían cargos en las repúblicas de indios, lo que permite entrever además de las mencionadas prácticas ilícitas, las relaciones interétnicas que perseguían lograr el mismo objetivo: el lucro personal a través del control de dichos recursos. A partir del estudio de tres casos específicos, Atzin Bahena muestra cómo las personas que abusaban de su poder estaban insertas en redes más amplias de compadrazgos, clientelas y solidaridades que traspasaban corporaciones. Al mismo tiempo profundiza en la percepción que se tenía en la época sobre estas prácticas ilícitas, su utilización y consecuencias jurídicas y sociales, así como las repercusiones económicas que provocaban los daños a terceros entre los que hay que incluir a la propia hacienda real.
Retomando los efectos de la fiscalidad de la Carrera de Indias y el fraude en los registros que se incrementó sobremanera en las décadas centrales del siglo XVII, el tercer artículo del dosier aborda los mecanismos fiscales que se arbitraron por parte de la corona, primero para sacar a la luz la plata fuera de registro para que contribuyera con los derechos reales, las conocidas como cédulas de manifestaciones, así como, tras mostrarse estas inoperantes, el sistema de indultos de flotas completas a la vuelta de Indias que se desarrolló en la década de 1650, mediante el cual la corona consiguió recaudar ciertas sumas procedentes de los fraudes a la hacienda regia, así como nutrir la deficitaria avería de la que dependía la financiación de la protección armada de las flotas de Indias. De la autoría de Alfonso Jesús Heredia López, esta investigación muestra la transición entre las cédulas de manifestaciones y los indultos y cómo, para conseguir dichos indultos en la década de 1650, que cada vez fueron de mayor cantidad, la monarquía tuvo que transigir con la inclusión en dichos mecanismos de los capitanes y otros oficiales de las armadas, que fueron exonerados de las visitas a las que eran sometidos a la vuelta de viaje, asumiendo la corona los costes de la corrupción de estos oficiales, que eran una pieza clave en las confianzas de plata fuera de registro. Asimismo, el análisis del procedimiento de los indultos permite al autor evidenciar que este guardaba una estrecha relación con el nuevo sistema de recaudación de la avería instaurado a partir de 1660, pues el medio de obtener los indultos en la década de 1650 mediante repartimientos prorrateados por los propios comerciantes resultó válido para establecer un modelo de recaudación de la nueva avería.
Si el fraude en la Carrera de Indias, además de menoscabar la hacienda regia y de la avería, fue un medio a través del cual los mercaderes obtuvieron mayores beneficios en sus empresas mercantiles, así como una vía de enriquecimiento ilícito de los oficiales de las armadas y flotas, en otros escenarios de la administración de la monarquía, como las cajas reales americanas, también contribuyó a dicho menoscabo de la hacienda real, además de a engrosar los bolsillos particulares de los oficiales que se encargaban de su gestión. Así lo pone de manifiesto el cuarto artículo del dosier, firmado por Julia García-Aránzazu, quien ha indagado en los fraudes cometidos por los ministros de las cajas reales de Antioquia y Popayán en el Nuevo Reino de Granada entre 1687 y 1704. Esta investigación muestra los mecanismos de provecho y enriquecimiento personal por parte de los oficiales reales, y cómo dichas prácticas fueron perseguidas mediante mecanismos de control, las visitas a las cajas reales. Así, tanto las prácticas ilícitas de estos oficiales, como los mecanismos de control para intentar poner coto a las mismas, observados desde su contexto local, le han permitido a la autora evidenciar el entramado social que permitía y se lucraba de este tipo de operaciones.
Que la corrupción en América permeaba desde los oficiales de las cajas reales, hasta los propios alter ego del monarca, los virreyes, pasando por cuantas escalas de gobierno inferiores se afanaban en la administración de la monarquía, es conocido por la historiografía. Las prácticas de corrupción que caracterizaron el gobierno virreinal en América están recibiendo un renovado interés historiográfico en los últimos años. En este dosier tienen su expresión en el estudio de María Álvarez Ruiz. A través de una de las fuentes más utilizadas para investigar la corrupción, como son los juicios de residencia a los que estaban sometidos los virreyes al finalizar su mandato, pero contrastada con otras fuentes documentales, principalmente notariales, su autora ha contextualizado el largo mandato de dieciocho años —dos en Nueva España y 16 en Perú— del virrey conde de la Monclova (1689-1705), conformando una imagen más realista de su gobierno que la expresada en su residencia que lo declaró «buen virrey», a pesar de que hasta en la Corte eran conocidas sus prácticas ilícitas que le proporcionaron pingües beneficios. Además, mediante el estudio de la documentación notarial sobre la gestión del patrimonio familiar que quedó tras la muerte del virrey, María Álvarez ha documentado la activa participación de Antonia Ximénez de Urrea, condesa de la Monclova, en el proceso de residencia de su marido. Entroncando así con la trayectoria historiográfica que ha situado su atención sobre la figura de las virreinas y que forma parte del enfoque de los estudios de las mujeres, la autora evidencia el importante papel de la vicesoberana para desplegar toda una panoplia de estrategias de ocultación del inmenso patrimonio acumulado por la familia durante los años de gobierno de Monclova. El éxito de la condesa, que le permitió la defensa del honor familiar y que su esposo saliese indemne del proceso de residencia, hace que la autora llame la atención sobre la necesidad de analizar la actividad de las virreinas durante el propio mandato del virrey, así como su papel en cuestiones que se han relacionado prioritariamente tan solo con los virreyes.
Dejando a un lado la corrupción de los virreyes americanos, si ponemos el foco de observación sobre los corregidores que gobernaron pequeñas jurisdicciones en el virreinato del Perú, es posible advertir que las prácticas ilícitas que caracterizaban su gobierno político remiten a un escenario en el que el control del mismo estuvo en manos de quienes articularon poderosas redes mercantiles para invertir en la adquisición de puestos políticos como un mecanismo más de sus múltiples negocios. Es precisamente sobre esos vínculos entre venalidad y corrupción sobre los que versa el artículo de Francisco Andújar Castillo, dedicado al análisis del «asalto» de los mercaderes al gobierno político del virreinato del Perú entre 1704 y 1720. Esta contribución analiza las razones que motivaron que comerciantes establecidos en Perú se lanzaran a comprar cargos de corregidor, así como las implicaciones e impactos que estos procesos venales tuvieron en su gobierno político. Acerca de los mencionados vínculos venalidad-corrupción, el autor reflexiona sobre la necesidad que tenían los compradores de cargos de amortizar las inversiones económicas que debían hacer para conseguirlos, y muestra cómo tras esa pretendida amortización estaba el recurso a prácticas ilícitas. Además, este estudio pone de relieve cómo estos mercaderes tenían una importante capacidad económica y crediticia para abonar los elevados costes del empleo que habían comprado en la Corte o en el sistema de reventa de corregimientos que se abrió en el virreinato del Perú tras la posibilidad de que un particular pudiera nombrar a una persona que lo sirviera —léase traspasarlo— o comprar varios cargos a la vez. Una vez realizadas estas operaciones venales, los mercaderes-corregidores iban a obtener elevados rendimientos que superaban ampliamente el coste pagado por sus oficios. Así, este artículo que cierra el dosier evidencia cómo, desde estos cargos de gobierno, los mercaderes convertidos en corregidores, no solo mantuvieron —cuando no incrementaron— su actividad mercantil, sino que se convirtieron en actores fundamentales de la invasión del contrabando en los mercados americanos, sobre todo de mercancías procedentes de Francia, tan vivamente practicado en esta coyuntura.
En definitiva, se trata de un conjunto de estudios que revelan cómo el fraude y la corrupción lastraron sobremanera los recursos de la hacienda regia. A ellos se sumó también la conversión, de facto, de las remesas de plata de particulares en préstamos. Son algunas de las manifestaciones de la permanente detracción y merma de ingresos que sufrían las tesorerías reales. Resta, no obstante, un amplio abanico de temas por indagar. Así, al fraude y a la corrupción habría que sumar el estudio de otra «sangría» económica de no menor importancia: el problema del contrabando, cuál lo vienen analizando en los últimos años con gran profusión y competencia Guillermina del Valle Pavón y otros autores para el virreinato de Nueva España. En conjunto, son todos ellos, fraude, corrupción y contrabando, procesos de imposible cuantificación, amén de que, per se, en estas materias las fuentes documentales son casi siempre opacas o, a menudo, inexistentes. No obstante, precisamente esa opacidad y carencia de información constituyen los principales retos de la investigación para el futuro. Retos, que no son otros que los de la indagación tratando de aplicar metodologías que hagan aflorar los silencios y alteraciones de las fuentes.